Respondiendo a la pregunta de un periodista, Rajoy, muy ufano, presumió de que, aunque no había derogado la llamada Ley de Memoria Histórica, “la asignación presupuestaria ha sido cero” en sus cuatro años de gobierno. Asombra que en el año 2015 un presidente de un gobierno en la Unión Europea se jacte públicamente de no financiar a las asociaciones que rescatan de fosas comunes a personas desaparecidas por el régimen franquista y no pase nada. Porque aquí, lo que asombra es que no pase nada, que se pueda ofender a las víctimas desaparecidas en un crimen contra la humanidad impunemente.
Dejando a un lado lo que se conoce como sociología del franquismo, una causa esencial de esta aberrante situación es la confusión del concepto de memoria histórica. Casi universalmente, a derecha y a izquierda, entre los tertulianos como entre los académicos, se asocia la idea de memoria histórica con la reivindicación de la Segunda República o con los valores republicanos o con el antifranquismo. Cuando se abre una fosa, lo más que llegamos a escuchar a los familiares, a los activistas o a los periodistas es que al fin se puede enterrar dignamente a los muertos, aunque se añada que son unos muertos por la libertad y por la democracia. Si fuese eso de lo que trata la memoria histórica, si se tratase de una mera confrontación entre regímenes políticos, aunque uno sea democrático y el otro fascista, o si se tratase de un mero asunto familiar sobre el entierro digno, sería legítima la diferencia de opinión.
Pero no hablamos de eso. Es incomprensible que siga siendo hegemónico ese pensamiento, después de que Walter Benjamin pasara por el mundo y después de que, en España, Reyes Mate y otros filósofos hayan reflexionado hasta la saciedad acerca de eso que la mayoría sigue denominando memoria histórica. Por lo pronto, cuando Walter Benjamin reflexionó sobre este asunto, dejó a un lado el término memoria y utilizó otro mucho más preciso, rememoración, que hace referencia al acto voluntario de traer a la memoria algún elemento del pasado.
Tratando de explicarse la existencia del nazismo, Benjamin había descubierto que las víctimas venían siendo relegadas al olvido a lo largo de la historia; y que ese olvido había sido justificado por la filosofía, como si las víctimas fuesen, en palabras de Hegel, “florecillas al borde del camino”, que era legítimo pisar en nombre del progreso o de cualquier ideal de esos llamados eternos. Siguiendo ese razonamiento de los filósofos y la práctica de la humanidad a lo largo de la historia, el nazismo se dispuso a prescindir de todo lo que no fuera la raza aria. No era más que un paso adelante en la argumentación. Contra ese pensamiento se rebeló Benjamin y, caracterizándose a sí mismo como “el trapero de la historia”, se dispuso a rescatar lo que venía siendo olvidado, se dispuso a rememorar a las víctimas. Construyó así lo que su amigo Adorno denominó un nuevo imperativo categórico: el de reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se pudiese repetir. Y así fue como las víctimas, antes relegadas al olvido, pasaron a estar encima de la mesa.
El proceso fue muy largo, porque la guerra fría lo mantuvo congelado, pero finalmente fue sancionado por la ONU en el 61º Periodo de Sesiones del Consejo Económico y Social del año 2005, cuando se estableció “el derecho inalienable a la verdad”, como uno de los principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimiento sucedidos en el pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.
Si en lugar de memoria histórica, hubiéramos enseñado a hablar de rememoración de las víctimas, cuando Rajoy chulease de actuar políticamente para mantener ocultas a las víctimas del franquismo, le podríamos acusar de tratar de encubrir un “delito contra la humanidad”, usando los términos que ha usado el Tribunal Supremo en España. ¿Conocerán esto los fiscales españoles?
Marcelino Flórez
REMEMORACIÓN 