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MáS cosas de MADRID

Terminaron las elecciones en Madrid y se produjeron algunos hechos indiscutibles: ganó Ayuso, perdió el PSOE, desapareció Ciudadanos, dimitió Pablo Iglesias. De esto habla la prensa y de eso opinan los opinadores. Se escribe mucho y se fantasea sobre el futuro político de España. Prácticamente no se dice nada de otro hecho, también indiscutible: Más Madrid mejoró algo sus resultados y sobrepasó al PSOE en número de votos.

Lo mismo ha ocurrido durante la campaña electoral: Más Madrid siempre estaba ausente en las crónicas u oculta en un rincón y completamente desaparecida en la opinión tertuliana. Uno de éstos, andalucista y con cara agria, decía el día 5 en Las cosas claras que no era más que un acontecimiento pasajero, una casualidad.

Sin embargo, Más Madrid ha resultado ser ahora la segunda fuerza política de la Asamblea y la primera de la oposición. También las encuestas certificaban que su lideresa era poco conocida. Es evidente que Mónica García no había pisado por los platós de las televisiones, a pesar de haber ejercido la única oposición al gobierno madrileño durante dos años, cosa que empieza a reconocerse unánimemente cuando, entre paréntesis, no hay más remedio que citarla. Al revisar los archivos de la prensa, los futuros analistas encontrarán aquí una incógnita.

Pues bien, una persona desconocida, en un partido joven, aunque coaligado con Verdes EQUO, y sin la cabecera de Carmena ni de Errejón, resulta que obtiene unos resultados destacables. Son unos resultados, además, muy homogéneamente distribuidos por toda la Comunidad Autónoma: en el recuento, los 24 escaños no sufrieron variación alguna desde las primera unidades contadas hasta la finalización.

Las cosas no suelen ocurrir por casualidad y si un partido y una dirigente, conscientemente dejados al margen por el aparato informativo, obtienen buenos resultados, sólo queda una razón para explicarlo: los apoyos que los sustentan. Han tenido que ser los apoyos sociales los responsables de esos resultados. De hecho, eso mismo viene ocurriendo desde que se constituyó Ahora Madrid, de lo que Más Madrid no es más que la nueva forma adquirida hace dos años. Asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, entidades de la economía solidaria y alternativa son la base en la que se apoya sólidamente Más Madrid. No hay sorpresas, por lo tanto, lo que sí hay es desinformación. Un último ejemplo para corroborarlo: el día 5, Andrea Ropero, en El Intermedio, hizo una entrevista a Ignacio Sánchez-Cuenca. Hablaron de Ayuso, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, del PSOE. No nombraron a Más Madrid.

Marcelino Flórez

23-F, entre la realidad y la conjetura

No hay tarea más importante para un historiador que saber diferenciar entre las opiniones y los hechos. Como dijo el célebre periodista y parlamentario británico, C.P. Scott, «los hechos son sagrados, la opinión es libre». Nada lo ilustra mejor que lo que se mueve en torno al 23-F, entonces y ahora.

Aquel día de 1981 hubo un golpe de Estado militar, detrás del cual se demostró en sede judicial que había tres tramas diferentes y débilmente hilvanadas, la que encabezaba Milans del Bosch, la que encarnaba Tejero y la que personificaba Armada, el auténtico coordinador del golpe. Tejero asaltó el Congreso al mando de un grupo de guardias civiles y secuestró a los procuradores durante 18 horas; Milans sacó los carros de combate a la calle y atemorizó a los valencianos con un bando de guerra, casi calcado del que hizo Mola en 1936; y Armada se ofreció para formar un gobierno provisional, lo que no gustó a Tejero y significó la primera quiebra del golpe. Antes ya había comenzado a fallar, cuando, uno tras otro, los generales fueron comprobando que el rey no encabezaba el «golpe de timón», como les había asegurado Armada. Milans obedeció finalmente y retiró los carros de combate de las calles valencianas, la Acorazada no salió a la calle en Madrid y todos los generales se fueron a dormir o terminaron en las salas de banderas, dependiendo de su grado de implicación en el asunto. Estos son los hechos básicos y nada que pueda conocerse en el futuro podrá alterarlos sustancialmente.

La explicación del golpe tampoco se ve rodeada de mucha diatriba historiográfica. El mayor peso explicativo está en la permanencia del ejército franquista, que apenas había sufrido cambios desde la muerte del dictador. Por eso, el «ruido de sables» era una constante en todos aquellos años, aumentando ese ruido en circunstancias concretas, como pudo ser la legalización del PCE o la virulencia del terrorismo, especialmente del terrorismo etarra por su relación con el nacionalismo periférico, otro de los diablos para los militares franquistas. Este factor militar, junto a la inestabilidad del gobierno de UCD, que terminó con la dimisión de Suárez y, muy pronto, con la propia desintegración del partido, explica perfectamente lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, pudiéndose documentar cada uno de los pasos seguidos. Por cierto, esas mismas características del ejército, que hicieron viable un golpe de Estado, explican su fracaso, al aceptar disciplinadamente los generales con mando en tropa las órdenes de su comandante supremo, el rey de España. Cuando éste ordenó devolver las tropas a los cuarteles, así se hizo sin rechistar. El golpe había fracasado.

Ocurre, sin embargo, que, como resultado objetivo del fracaso del golpe de Estado, mejoró la imagen social del rey Juan Carlos, que hasta ese momento no había podido desembarazarse de la pesada carga de su nombramiento inicial por parte de Franco. Esto no constituyó ningún problema durante mucho tiempo para la sociedad española. Es más, esa imagen positiva del rey, en lugar de entorpecer, probablemente contribuyó a la estabilidad política que recorrió los siguientes veinticinco años, entre 1982 y 2007, con el bipartidismo turnándose en el poder.

La estabilidad política comenzó a turbarse con la llegada de la crisis financiera a España desde el año 2008. Será entonces cuando comience a hablarse despectivamente del «régimen del 78» y cuando aparezca en escena el republicanismo, insignificante hasta aquel momento. El nuevo giro político dio paso también al desarrollo de las conjeturas sobre el 23-F, particularmente sobre la tarea desempeñada por el rey en la organización del golpe de Estado. Estas conjeturas tenían sólidos fundamentos, pues todos los condenados por el golpe de Estado argumentaron en su defensa que creían obedecer a los deseos del rey, como así les había asegurado Armada. Además, éste había sido el instructor del príncipe, continuaba teniendo mucho ascendiente y relación con el rey y, sin duda, le había hablado más de una vez de la oportunidad de crear un gobierno técnico, presidido por él mismo y con la participación de todas las fuerzas políticas del Parlamento. De esto había hablado Armada a todo el mundo, incluyendo a los socialistas, en una reunión bien documentada, que se celebró en Lérida. Por cierto, lo que no conocemos es el informe que Mújica elevó a Felipe González de aquella reunión, cuya «desclasificación» seguramente arrojaría más luces que cualquier otro papel oficial. Era, por otra parte, de todos conocida la animadversión a la que había llegado el rey con respecto a Suárez. A pesar de que los hechos son tozudos, no fue difícil dar verosimilitud a la conjetura, más aún cuando el reino de las posverdad se instaló en el mundo y cuando determinadas circunstancias crearon un clima propicio para la expansión de posverdades, o sea, de bulos.

Dos elementos hay que añadir para entender la expansión y el triunfo de la conjetura en un amplio espacio de la sociedad. El primero, la adopción del republicanismo por parte de Izquierda Unida. El segundo y mucho más importante, la falta de ejemplaridad de la vida del rey, especialmente después de los sucesos de Bostwana.

No existe una fecha exacta en la que se instituyese el uso de la bandera republicana el seno de Izquierda Unida, aunque esa bandera fue haciéndose, poco a poco, numerosa en las manifestaciones celebradas en torno a la crisis económica desde 2008. Sí conocemos, en cambio, la fecha en la que Anguita elevó una propuesta sobre republicanismo al Comité Federal del PCE, fue en abril de 2008 y lo recogía el diario El País el día 22 de ese mes. Anguita proponía entonces al PCE que debía refundarse Izquierda Unida, cuya presencia en Las Cortes había quedado reducida a dos parlamentarios, uno de ellos del partido hermano en Cataluña. La refundación, según la propuesta de Anguita, debía contener dos notas esenciales, el federalismo y el republicanismo. Ese mes de abril comenzó la búsqueda de la Tercera República y en ese contexto comenzó a hablarse de los «puntos oscuros» que rodeaban al 23-F, el más oscuro de los cuales era la postura del rey ante el golpe. Ahora esa bandera se ha convertido también en un objetivo prioritario para Unidas Podemos. Dejo a un lado el análisis acerca de la utilidad y la eficacia de esa estrategia política aquí y ahora, pero no me privaré de enunciar lo que estos días de febrero de 2021 hemos podido comprobar en la prensa, la tozudez de la conjetura y la banalidad de los hechos, cuando se trata de defender una postura política.

El otro elemento explicativo del triunfo de la conjetura es la difusión de la vida desordenada del rey Juan Carlos. El 13 de abril de 2012 el rey se cayó y se rompió una cadera, después de abatir a un elefante en Boswana. Esa caída y ese elefante dejaron ver a Corina, su amante, y dejaron ver la distancia con la reina Sofía. De nada sirvió el «me he equivocado, no volverá a ocurrir»; apareció el caso Nóos, con la familia real de protagonista; comenzaron a conocerse las comisiones cobradas, las cuentas ocultas, los impuestos no pagados. En fin, el 2 de junio de 2014 el rey tuvo que abdicar. Ante esta realidad, cualquier sospecha sobre su comportamiento durante el 23-F se hizo verosímil.

En este contexto y con el procès sin resolver, tuvo lugar la celebración del cuadragésimo aniversario del 23-F. El objetivo del gobierno era rememorar aquel acontecimiento para dulcificar en lo posible el deterioro de la imagen de la monarquía. Bien se lo podían haber ahorrado, pues en estos manejos suele ser peor el remedio que la enfermedad, como así terminará siendo. Otros caminos son lo que debieran emprenderse, pero eso no obsta para que denunciemos con la misma energía la utilización del 23-F por parte de los creyentes en conspiraciones, guiados por conjeturas.

Marcelino Flórez

La Iglesia y la escuela

  • Nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas

Marcelino Flórez

30 de noviembre de 2020

El conflicto que vive España en torno a la escuela sólo es comprensible si se tiene en cuenta el factor católico. Sin el lobby católico no existirían ni el artículo 16 ni el artículo 27 de la Constitución, tampoco tendríamos un pacto internacional específico para una religión. Cada día que pasa, este factor se hace más anacrónico, pero sigue ahí inmutable y sirve para articular otros intereses, que van más allá del puro interés económico, con ser éste muy importante. La alianza de los poderes conservadores con el catolicismo español más que en el dinero, pone la vista en la formación ideológica de la ciudadanía bajo los determinados y particularísimos valores del sistema económico vigente: competencia entre personas y entidades, individualismo extremo, libertad personal sin límites sociales. Pero dejaremos esto a un lado y nos limitaremos a tratar de descubrir dónde nace y en qué se fundamenta ese factor católico.

Para comprender lo que está pasando hoy con la educación en España, tenemos que retrotraernos al Concilio Vaticano I de 1869-1870, el que decretó la infalibilidad del papado y condenó los «errores modernos» del pensamiento, recogidos en el Syllabus. El teólogo holandés Edward Schilebeeckx calificó a ese concilio como la «asamblea de una jeraquía feudal en un mundo moderno»; y pone en boca del Papa convocante del concilio, Pío IX, unas palabras que niegan la libertad de conciencia, algo que había reconocido siempre la tradición cristiana: » De esta repugnante fuente del indiferentismo mana la afirmación absurda y errada o, más concretamente, la locura de que todos los hombres poseen libertad de conciencia y pueden reclamarla. El camino a este pernicioso error lo ha preparado la exigencia de completa e inmoderada libertad de opinión, que se propaga furiosa en la dirección de la aniquilación de lo sagrado y lo revelado».

Los papas posteriores continuaron asentando la doctrina católica sobre la vida pública por medio de la actualización de los principios emanados de Trento. Así, Pío XI, en su encíclica Quas Primas, donde instaura la festividad de Cristo Rey, explica el origen y significado de la soberanía, en la que se fundamenta el pensamiento católico sobre las libertades: «Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes, de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la Religión Cristiana fue igualada a las demás religiones falsas, y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados». La encíclica repite insistentemente en qué consiste ese «imperio de Cristo»: se trata de la «soberanía de Jesucristo», «la suave y salvadora soberanía de nuestro Rey», «el imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas». Por supuesto, el único y legítimo representante de esa soberanía es el Papa, ahora infalible, con su Iglesia, sociedad perfecta.

Los obispos españoles recogieron esta doctrina y la llevaron a la práctica puntualmente. En su último escrito colectivo anterior a la Guerra, «Con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas»del 25 de mayo de 1933, que tiene por principal objetivo la enseñanza, explican detalladamente la aplicación del principio de soberanía eclesiástica: después de afirmar la independencia de la Iglesia respecto a todo poder, por ser una sociedad perfecta, y al tratarse de una institución infalible en la definición de la verdad religiosa, verdad que tiene «primacía sobre todo conocimiento», los obispos concluyen que «toda formación cristiana de la juventud, en cualquier escuela pública o privada está sometida a su inspección». Y aclaran, después de un punto y seguido, que esa formación «no abarca sólo a la enseñanza religiosa, sino que se extiende a toda otra disciplina y organización docente en cuanto se refiere a la religión y a la moral». En consecuencia, recuerdan a los padres la obligación que tienen de optar por una enseñanza católica y de luchar hasta conseguir «toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas».

Con el franquismo, estos principios se llevaron literalmente a la práctica, pero el Concilio Vaticano II desarmó aquellos fundamentos teocráticos, cuando decretó la libertad de conciencia, las autonomía humana para la gestión de la vida pública, la legitimidad de las demás religiones e, incluso, el respeto a la increencia. Los obispos españoles presentes en la asamblea conciliar lo entendieron perfectamente. Monseñor Pildain, «vasco, antifranquista y socialmente muy avanzado», cuenta Hilari Raguer, exclamó ante la asamblea vaticana cuando se inició la votación sobre la libertad religiosa: «¡Que se desplome esta cúpula de San Pedro sobre nosotros antes de que aprobemos semejante documento!». Y elevaron un escrito a Pablo VI, donde, en medio de la protesta, reconocían lo siguiente: «Si éste prospera en el sentido en que ha sido hasta ahora orientado, al terminar las tareas conciliares los obispos españoles volveremos a nuestras sedes desautorizados por el concilio y con la autoridad mermada ante los fieles». Pero encontraron una salida, que gozó de la protección de la Dictadura. Mientras la Asamblea prorrumpía en aplausos, el mismo día 8 de diciembre de 1965 en que se publicaron los documentos conciliares, la Conferencia Episcopal en un documento sin firmas, titulado «Sobre acción en la etapa posconciliar», redactado por Guerra Campos, justificaba el mantenimiento en España de la confesionalidad católica.

No había cesado aún ese manto protector del franquismo, cuando resultó elegido Papa Juan Pablo II, que hizo enmudecer el espíritu del Vaticano II y favoreció el regreso al pensamiento teocrático, ahora denominado fundamentalismo. Todos los teólogos progresistas y conciliares fueron despojados de sus cátedras en España: Castrillo y Estrada fueron los primeros; casi al mismo tiempo cayeron Pedro Miguel Lamet y Benjamín Forcano; después le llegó el turno a Marciano Vidal y finalmente a Juan José Tamayo. Al mismo tiempo se nombraban obispos conservadores, que daban apoyo incondicional a los movimientos integristas, que reclamaban un nuevo régimen de cristiandad: Opus Dei, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Legionarios de Cristo y otros similares.

En estos contextos y bajo la presión de esos lobbys católicos se han hecho la Constitución y todas las leyes educativas, donde el factor católico ha sido tan importante, que ha llegado a condicionar el currículo, haciendo realidad aquel principio enunciado en 1933 de «toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas».

Estos asuntos han dejado de ser un problema que preocupe a la opinión pública española, que mayoritariamente ha optado por la indiferencia respecto al factor católico. Pero resulta ensordecedor el silencio de los católicos seguidores del Concilio Vaticano II, si es que queda alguno en España; y, sobre todo, asombra el silencio de los cristianos lectores del Evangelio de Jesucristo, si es que alguien lo sigue leyendo. Reconozcamos que, sin la excusa católica, el movimiento de la escuela concertada no pasaría de ser una cosa de «niños pijos», carente de asidero lógico alguno. También por eso, nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas.

(Publicado en eldiario.es)

El relato de la Transición

Con motivo de la declaración de Martín Villa ante la jueza Salvini en la Querella Argentina, se suceden artículos de opinión acerca de la Transición. En muchos de los escritos que van apareciendo se perciben argumentos endebles con un denominador común, el anacronismo, además de una falta lamentable de conocimiento histórico. Por ello, es preciso diferenciar antes de nada lo que ocurrió y la opinión sobre lo que ocurrió en la Transición.

Lo que ocurrió lo narra la Historia: se pasó de a Dictadura a la Democracia; el paso se hizo mediante reformas y no a través de la ruptura con el pasado dictatorial, manteniéndose, por eso, algunas antiguas estructuras sin cambios durante mucho tiempo; así ocurrió con el ejército, con el funcionariado o, especialmente y de forma muy duradera, con la judicatura; las reformas fueron arrancadas con mucho esfuerzo, destacando la «galerna» de huelgas que se abatió sobre Madrid en 1976, según lo expresó el ministro Areilza; fueron muy importantes también las manifestaciones, donde dominaba el cartel que decía «libertad, amnistía, estatuto de autonomía», que expresaba muy bien las reivindicaciones básicas del momento; las manifestaciones eran habitualmente reprimidas por el gobierno: sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones; en torno a esas movilizaciones se produjeron algunas muertes: se han contado 591 muertos por violencia política, de los cuales 188 lo fueron por “violencia política de origen institucional”, que incluye a las fuerzas del orden y a grupos paramilitares entroncados en la Dictadura; esas muertes no siempre fueron investigadas, ni juzgados los responsables, persistiendo la impunidad y la falta de reparación para las víctimas.

La Historia también interpreta lo que ocurrió. Digo interpreta, no opina, que son dos actividades distintas del pensamiento, la una se fundamenta en el frío análisis, la otra debe mucho al cálido sentimiento. La interpretación dominante, en el estado actual de la historiografía, es que la Transición fue posible por la conjunción de un «equilibrio de debilidades», en expresión de Sartorius y Sabio, que obligó a practicar el «consenso», según ha explicado Pere Ysàs. En la balanza estaban las fuerzas de oposición, donde destacaba el entonces unitario movimiento sindical de las Comisiones Obreras y el PCE, a quien se iría uniendo un inactivo y desconocido hasta entonces movimiento socialista, por un lado, y los reformistas del franquismo, por otro, muy limitada la capacidad de acción de ambos elementos por el poder fáctico de las estructuras franquistas, especialmente del ejército y de la judicatura.

En este contexto y dejando a un lado los matices, se publicaron los decretos-leyes de Amnistía de julio de 1976 y marzo de 1977. Hay que repetir una y otra vez que estas leyes fueron exigidas y arrancadas por la izquierda, que tenía las cárceles llenas de presos, algunos de los cuales no terminaban de salir en libertad. Fue la derecha quien se opuso a la amnistía, principalmente Fuerza Nueva, pero también Alianza Popular, porque a esa derecha de origen franquista no se le pasaba por la imaginación que nunca nadie pudiera acusarla de algún delito. Esto no es discutible, es un hecho constatado: ahí están las actas parlamentarias.

También en ese mismo contexto se realizaron elecciones el 15 de junio de 1977, en las que las fuerzas franquistas resultaron insignificantes, por lo que las Cortes se convirtieron en Constituyentes y elaboraron la Constitución de 1978, clamorosamente refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de ese año, con la excepción de la derecha franquista y con la inhibición del Partido Nacionalista Vasco. Esto fue la Transición.

La opinión sobre lo que ocurrió es tarea de la Memoria y esa se construye con las experiencias personales y con el pensamiento colectivo dominante, que se transmite a través de los medios de comunicación y de la literatura, principalmente. Durante mucho tiempo la opinión sobre la Transición que cuajó en la sociedad española fue muy positiva y así era reconocido, incluso, internacionalmente. Los líderes políticos de la Transición recorrieron el mundo, sobre todo el iberoamericano, para exponer el modelo español, como guía de salida de las dictaduras que asolaron aquel continente.

En algún momento, sin embargo, esa opinión favorable de la Transición cambió y este cambio no se debió a la suma de conocimientos historiográficos, sino a otro hecho bien preciso: la aparición de las víctimas del franquismo, que hasta entonces había permanecido ocultas. No fueron los historiadores quienes descubrieron a las víctimas, sino los nietos «de los abuelos esclavizados», como diría Walter Benjamin. Valga un ejemplo para demostrar esto que decimos, sin tener que entrar ahora en más explicaciones: en el libro Víctimas de la guerra civil, publicado el año 1999, no aparece una sola víctima del franquismo en Castilla y León, mientras que el Auto del juez Garzón de 16 de octubre de 2008 suma nada menos que 12.979 desparecidos en esa Comunidad Autónoma. ¿Qué había ocurrido entre 1999 y 2008? Es cosa también conocida: en el año 2000, Emilio Silva y Santiago Macías crearon la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y exhumaron a los trece de Priaranza de una fosa común en esa localidad del Bierzo leonés. Las asociaciones se difundieron por toda España y las fosas abiertas se multiplicaron. Algo que había permanecido oculto salió a la luz y provocó un cambio sideral en el pensamiento.

Realmente, la aparición de las víctimas en el año 2000 tiene algunos antecedentes señalados: uno es la Caída del Muro de Berlín. Ese hecho, que simboliza el final de la guerra fría, posibilitó investigar los crímenes contra la humanidad que la división ideológica había impedido dar a conocer. Y otro antecedente es el establecimiento de este tipo de crimen en el Juicio de Núremberg. Aunque, desde el punto de vista epistemológico, Walter Benjamin había descubierto a las víctimas en sus Tesis sobre la historia, que dejó inconclusas al suicidarse en 1940, fue en Núremberg cuando las víctimas adquirieron consistencia jurídica, que de nuevo relegó al olvido la guerra fría.

Podríamos igualmente ejemplificar esta presencia pública de las víctimas con el caso de las víctimas del terrorismo etarra: hasta el 14 de febrero de 1996, con el asesinato de Tomás y Valiente, sólo el testimonial Gesto por la paz había sido capaz de expresar públicamente la solidaridad, pero ese día de febrero los estudiantes madrileños llenaron las calles con sus manos pintadas de blanco. Desde ese día las víctimas del terrorismo no ha dejado de ser tenidas en cuenta.

Este es el hecho que ha provocado el cambio de pensamiento sobre la Transición y, en particular, sobre las consecuencias no deseadas de la Ley de Amnistía de 1977. Pero eso es lo que ahora se piensa, no lo que ocurrió. Aquello sigue siendo inmutable e historiográficamente es indiscutido. Qué bueno sería que las opinantes dejasen a un lado los anacronismos y explicasen el franquismo desde su tiempo, la Transición desde el suyo y la opinión desde donde quieran situarse, pero sin confundir churras con merinas. Un respeto al conocimiento, por favor.

Martín Villa, el fin de una época

La Coordinadora Estatal de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) ha hecho pública una nota de prensa a propósito de las cartas personales de apoyo que Martín Villa presenta ante la jueza Salvini con motivo de la toma de declaración que tendrá lugar mañana, día 3 de septiembre. Firman esas cartas personales y no representativas de las organizaciones de procedencia, como muy bien destaca CEAQUA, además de algunos nombres destacados de la época de la Transición, cuatro ex-presidentes de gobierno y cuatro sindicalistas o ex-sindicalistas. Todos los testimonios, dice CEAQUA, «alaban la labor política desarrollada por Rodolfo Martín Villa durante la Transición española». Y es que esta parte de la Querella Argentina se ubica en la Transición, no en el Franquismo.

Martín Villa está investigado por 12 delitos de homicidio, en el marco de los crímenes contra la humanidad que trata la Querella, ocurridos entre 1936 y 1977. Lo que tiene que dilucidar la jueza Salvini es si esos crímenes investigados fueron «puntuales» o si han de ser enmarcados entre los crímenes franquistas contra la humanidad. En mi opinión, será difícil que Martín Villa pueda ser procesado por esos crímenes, así como por delitos de tortura ocurridos en la época. Primero, porque algunos hechos, como son los asesinatos de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, ocurrieron en momentos en que Martín Villa no tenía la autoridad sobre las fuerzas de orden público. En esa fecha era Fraga el Ministro de la Gobernación, aunque esos días precisamente estuvo fuera de España, como creo recordar. Y también porque otros sucesos, como los ocurridos durante los Sanfermines de 1978 e, incluso, los asesinatos de Atocha de enero de 1977 pueden hallarse fuera del periodo investigado o ya han sido juzgados.

Pero eso es secundario, porque lo que es noticiable y lo que está detrás de esta parte de la investigación de la jueza Salvini del 3 de septiembre es la Transición, específicamente la opinión que tiene la ciudadanía española acerca de la Transición en este preciso momento. De eso es de lo que hablan las cartas de los ex-presidentes y de los ex-sindicalistas; y de eso trata la nota de prensa de CEAQUA. Eso es, pues, lo que vamos a analizar, cómo interpretan la Transición estos actores. Dejaré a un lado la carta de Felipe González, que, aparte del endiosamiento con el que está redactada, no tiene valor alguno; y también dejaré a un lado la carta de Nicolás Redondo, a la que tampoco concedo valor especial. Me centraré en las cartas de Zapatero y de Cándido Méndez, llenas de contenido. Lamento no tener a disposición el escrito de Antonio Gutiérrez, aunque no creo que tarde mucho en publicarlo elDiario.es, pues su colaboradora, Olga Rodríguez, ya lo ha leído. No lamento, en cambio, desconocer el escrito de José María Fidalgo, del que no espero nada de interés, conociendo su trayectoria sindical, donde fue incapaz de ordenar un conflicto interno insignificante, y cuya trayectoria política es tan variada como disparatada.

Tanto la carta de Zapatero, como la de Cándido Méndez hablan de la Transición, no de los crímenes por los que Martín Villa está siendo investigado, y, en un caso y en el otro, alaban la aportación del ministro de UCD a la construcción de la democracia, exculpándole de cualquier responsabilidad en los hechos concretos. Zapatero ni siquiera nombra alguno de aquellos hechos, mientras que Cándido Méndez nombra los sucesos de Vitoria de 1976, para los cuales reclama, incluso, «una total reparación, en relación con los responsables materiales o políticos», pero esa responsabilidad, dice, no puede estar entre los que se esforzaban en crear «cauces democráticos», como es el caso de Martín Villa. Realmente, la carta de Méndez es poco exculpatoria del dirigente de la UCD, salvo cuando señala que no se le pueden imputar delitos de «genocidio, o crímenes contra la humanidad», o cuando transfiere la responsabilidad a «grupos, compuestos por militares y miembros de los cuerpos de seguridad, junto a una trama civil que se empeñaban en abortar cualquier transformación hacia una sociedad libre y democrática, que incluso provocaron el intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981».

Zapatero y Méndez explican la Transición como un pacto entre franquistas y la oposición democrática, cosa que hoy es la tesis dominante en la historiografía, pero el ex-presidente añade una serie de matices, que perfilan su opinión al respecto. Considera la Transición como un proceso, que va desde la reforma hasta la ruptura. Aunque no lo precisa explícitamente, se puede deducir que atribuye la época de «reforma» a la que se sitúa en torno a la Ley para la Reforma Política de 1976; y la época de «ruptura» a la que se inaugura con las elecciones del 15 de junio de 1977 y termina con la Constitución de 1978. Reclama como un hecho relevante y positivo para esa transición la Ley de Amnistía de 1977 y eso enlaza con el principio de equidistancia que formula al principio de su carta, cuando escribe que la historia de los españoles está plagada de violencias que terminaron en una guerra civil, o sea, la tesis tradicional con la que el franquismo justificaba la Guerra Civil. Refuerza esta idea con la reivindicación que hace de «su» Ley de Memoria Histórica, que, según afirma, enlaza con los valores de la Transición a través del principio de la «reconciliación».

Debo decir, en primer lugar, que la interpretación que hace Zapatero de la Transición es modélica: representa a la perfección el pensamiento con el que se hizo aquella y que sigue vigente en una buena parte de la sociedad española, quizá, en la mayor parte de la sociedad, aunque no en la mayor parte de la sociedad científica. Hace ya mucho tiempo que los historiadores españoles desterraron el principio franquista de que «todos fuimos culpables» y que la Guerra fue «una catástrofe colectiva» que no debería repetirse «nunca más». Ese es el espíritu con el que se hizo la Transición, pero no es la tesis vigente. Al contrario, hoy la comunidad científica afirma que la Guerra fue el resultado de un golpe de Estado fallido, organizado por un grupo de militares, con el apoyo de los monárquicos y, a última hora, de los falangistas. Ni estaban todos los españoles, ni era el resultado de un temperamento violento nacional. Nada de eso. A cada cual hay que atribuirle su responsabilidad y la mayor parte de los republicanos no estaban implicados en ese golpe de Estado, ni participaban de la violencia callejera con la que se preparó su estallido; y aquí caben desde Indalecio Prieto y Azaña hasta el mismísimo Niceto Alcalá Zamora, como mínimo dos tercios de los votantes de la época. Nada, pues, de equidistancias, no «todos fuimos culpables», ni hubo «catástrofe» alguna. La Guerra fue un proyecto exitoso de unos pocos, que organizaron y ejecutaron un crimen contra la humanidad, como dice la historia y como ha sentenciado el propio Tribunal Supremo.

En cuanto a la Transición, la historiografía ha alcanzado ya una interpretación muy fundada y ecuánime: no fue una tarea de unas pocas personalidades, que programaron el paso de la dictadura a la democracia, sino el resultado de un «equilibrio de debilidades», como acertadamente han expresado Sartorius y Sabio, entre los gerentes del franquismo y el movimiento político y social de la oposición. Esas «debilidades» explican el consenso, como ha razonado Pere Ysás. Pero ese consenso estuvo revestido con el manto ideológico de la equidistancia de las víctimas, cosa que defendieron todas las fuerzas políticas y, más que ninguna, las izquierdas. Así ocurrió también con la amnistía de 1977, la última y definitiva amnistía, fue una reclamación de la izquierda y de la extrema izquierda, que necesitaban sacar de las cárceles a sus presos, algunos de los cuales aún permanecían en prisión por las características de sus condenas. Por eso, aparece la reclamación en una pancarta de la LCR o, por eso, es el senador Xirinach el que permanece de pie en cada sesión del Senado hasta que se aprueba la “amnistía total” o, por eso, Francisco Letamendía se ve obligado a pedir disculpas a la bancada de la izquierda al optar por la abstención por no estar contempladas todas las propuestas de ETA en la ley. Y son los franquistas los que se oponen a esa amnistía, porque ni se les pasaba por la imaginación que sus crímenes contra la humanidad pudieran ser denunciados jamás. Nada lo ilustra mejor que las palabras del representante de Alianza Popular, Carro Martínez, que, con el pensamiento puesto en ETA, justificaba así la abstención a la que optaban, para diferenciarse de Fuerza Nueva, ante la Ley de Amnistía de 1977: “y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. Es evidente que no pensaba en las responsabilidades penales de sus correligionarios.

Lo que nadie suponía entonces era que ese, en palabras de Santos Juliá, echar al olvido los delitos iba a servir para garantizar la impunidad de un crimen contra la humanidad. Es más, no existía conciencia del enorme crimen contra la humanidad que representó el franquismo, porque las víctimas seguían aparcadas en el estercolero de la historia. Hoy las víctimas están encima de la mesa y, por eso, la Transición no puede ser enjuiciada con la benevolencia que lo siguen haciendo los cuatro ex-presidentes. Se hizo lo que se pudo, pero no lo que debería haberse hecho. De eso nadie es políticamente culpable y, quizá, tampoco lo sea penalmente, pero no puede seguir siendo justificado en 2020 lo que se hizo en 1977. Ahora ya no hay espacio para la impunidad y el crimen contra la humanidad debe ser reparado. Estamos en otra época, eso es lo que tienen que comprender Martín Villa y todos sus avalistas.

Marcelino Flórez